En este día hago un llamado a profundizar las acciones de transparencia, rendición de cuentas y probidad republicana en las Américas, y a poner en práctica los mandatos de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
La corrupción es un delito con devastadores efectos sobre la democracia: corroe las instituciones, carcome las bases del Estado de Derecho y aliena a la población.
Empero, la ética en la conducción del accionar público, la transparencia y la rendición de cuentas son valores que devuelven la confianza a nuestros ciudadanos y la credibilidad a la actividad política.
Hace 19 años la región fue pionera en adoptar un instrumento jurídico para luchar contra este flagelo: la Convención Interamericana contra la Corrupción.
La Convención es un perfecto instrumento jurídico para prevenir, detectar e investigar los actos de corrupción, sancionar a quienes los cometen y recuperar los bienes obtenidos por actos corruptos. Quien quiera combatir este mal tiene en ese documento una guía, un manual de qué hacer para desterrarla.
Es la guía que estamos usando actualmente, por ejemplo, en el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
En el seno de la OEA tenemos además el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención (MESICIC). Con visitas a los países y participación de la sociedad civil, este Mecanismo ha adoptado 114 informes con recomendaciones concretas para que los países mejoren sus leyes sobre la prevención de conflictos de intereses, la declaración patrimonial de los servidores públicos, los controles internos en las empresas, y la tipificación de actos de corrupción como el soborno trasnacional y el enriquecimiento ilícito, entre otros asuntos.
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