¿Estaríamos hablando entonces, de una
especie de inmunidad parlamentaria para los funcionarios públicos?
Constituye un grave desatino que
luego de haber logrado un nuevo Código Procesal Penal en el año 2002,
tras muchos años de impartir justicia con un código de
procedimiento criminal basado en el sistema inquisitorio, hoy doce años
después, la primera enmienda que se le haga a esa pieza normativa se haya
efectuado en una única lectura por el Congreso Nacional, suprimiendo el tercer
párrafo del articulo 85, que reconoce la prerrogativa que tiene todo ciudadano
de querellarse contra un funcionario público cuando en el ejercicio de sus
funciones ha violado la Ley.
Sin duda alguna, República Dominicana que
con la Constitución del año 2010 se ha colocado en el mapa de los países mas
progresistas en términos sustantivos, con una Carta Magna que ha sido
reconocida por expertos internacionales como una de las mejores del hemisferio,
esta corriendo el riesgo de incurrir en una inconstitucionalidad evidente que
se puede traducir en un lamentable retroceso del Estado social, Democrático de Derecho, máxime cuando en
estos tiempos se habla de fortalecer los mecanismos y procedimientos que
garantizan la transparencia en la gobernanza de la Administración Pública dominicana.
Sin embargo, esta Constitución sería flagrantemente violada en su artículo 22
que reconoce el derecho de los ciudadanos a denunciar las irregularidades de
los funcionarios en el desempeño de sus funciones.
Una muestra de estos mecanismos e instrumentos
que se están trabajando de cara a fortalecer la transparencia es, el
llamado Código para el Buen Gobierno que aparte de evitar la ocurrencia de
conflictos de intereses en la función pública, vendría a fundamentar el
ejercicio de un Buen Gobierno amparado en altos niveles de participación
ciudadana, por lo que la aprobación de la pieza legislativa del CPP no
debe ser promulgada por el Mandatario, ya que en todo caso, la tendencia debe
ser a fortalecer mecanismos de prevención de corrupción, no a
disminuirlos, mucho menos eliminarlos.
Es necesario destacar que no todo esta
perdido, en nuestro amplio cuerpo de legisladores, que en términos
proporcionales de territorio y población sobrepasa la cantidad de países tan
desarrollados y tan grandes territorialmente como China, Rusia y Japón,
contamos con legisladores serios y responsables que ejercen y han ejercido la
función legislativa como un verdadero postulado de vocación de servicio a
intereses colectivos y no particulares.
Un
autentico ejemplo de esto lo ha sido el
pasado Diputado por la Provincia de Santo Domingo, Dr. Elso Segura Martínez,
quien en fecha del 15 de mayo del 2007, remitió una carta al otrora Presidente
de la Cámara de Diputados, Julio Cesar Valentín, solicitando incluir un Anteproyecto
de Ley que brinde algún instrumento de protección a los
funcionarios públicos y ciudadanos
particulares que denuncien de
buena fe actos de corrupción. Evidentemente, el nombre del también Catedrático Elso Segura Martínez no debe resultar desconocido, pues además
de tener una larga trayectoria pública
también fue el primer diputado que denunció públicamente las irregularidades en
la compra de los famosos aviones Supertucanos.
Exhortamos al señor Presidente de la
República Danilo Medina poner una vez más, sus oídos en el corazón
del pueblo y escuchar los latidos por el reclamo de una Administración
Pública más transparente, más pulcra y más ética, escuchar los latidos de un
pueblo por una renovación de Gabinete desgastado por el tiempo a casi dos
años del Gobierno, al mismo tiempo que reconocemos que los Funcionarios que
están haciendo el trabajo no deben ser cambiados (continuar con lo bueno). Todo
lo anterior, para que pueda casarse con la gloria el Presidente dejando un
legado histórico al vetar y devolver el CPP, como ya ha dejado un legado
con temas como la Barrick Gold.
Hoy leía en el periódico “Correa renueva
Gobierno en Ecuador”. Pensé: Igual que en mi país.
Geovanny Vicente Romero
Abogado y politólogo.
@geovannyvicentr
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