En el marco de una administración
publica moderna que encaje favorablemente en el contexto del siglo XXI, se hace
necesario el desarrollo de los gobiernos abiertos con la finalidad
de crear espacios de participación y colaboración ciudadana donde puedan
involucrarse todos los grupos de interés y actores clave que inciden y al mismo tiempo reciben
como usuarios el impacto final de la ejecución de políticas publicas.
Obviamente, me estoy refiriendo, a los distintos sectores de la población,
organizada muchas veces en sociedad civil, convirtiéndose en personas que evalúan el
desempeño de la gestión publica, a través de su satisfacción manifiesta.
De manera que, para lograr la
consolidación de un gobierno abierto, se requiere que esté manifiesta la
participación de las personas, haciéndolas parte integral de los procesos sociales, económicos y
políticos que se desarrollan en su país. En este sentido, la Ley 176-07 de los
Municipios y del Distrito Nacional, establece un ambiente propicio para lograr
cierto nivel de participación ciudadana, cuando habla de la figura del Cabildo
Abierto, significando esto que ciertas sesiones del órgano normativo (Sala
Capitular) de la entidad municipal, podrán celebrarse en los barrios de manera
abierta, publica y participativa.
En ese mismo orden, vemos que
otra conquista para la participación lo constituye el Presupuesto
Participativo, un modelo que tiene su origen en Brasil a finales de los años 80
y que con más de una década de implementación en la República Dominicana se ha
convertido en una innovación a destacar. Es un mecanismo democrático de tipo
deliberativo o de participación directa, que involucra a los ciudadanos en las
toma de decisión relativas al presupuesto.
La promoción de la participación
tiene un avance destacado con la creación del Consejo Económico y Social, que
establece la Constitución dominicana en su artículo 251, teniendo a este Consejo como un
mecanismo esencial para asegurar la participación organizada
de empleadores, trabajadores y
otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento de la paz social.
Sin embargo, no podemos hablar de
Gobierno Abierto como un modelo de gestión donde los temas de la administración
pública están abiertos a la ciudadanía creando espacios permanentes de
participación y garantizando transparencia y rendición de cuentas de la cosa
pública, sino tenemos un real y efectivo acceso a la información pública. Es
decir, que todos los beneficios que se obtienen de un gobierno abierto tales
como participación, transparencia, rendición de cuentas, simplificación de
trámites, ventanilla única, carta compromiso y gobierno electrónico deben tener
como base el libre flujo de la información.
El año 2004 ha sido paradigmático
en la gestión pública dominicana, pues
se promulgó la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, Num.200-04,
convirtiéndose en un instrumento de mucho valor de cara a reducir el nivel
discrecional con que se manejaban y decidían las cosas en RD. Es una herramienta que permite a los ciudadanos, solicitar de manera veraz y sujeto a plazos
de entrega, información pública a los
entes y órganos del Estado dominicano.
Nótese que he mencionado que debe
entregarse la información en un tiempo establecido y es que para lograr la satisfacción de los
usuarios de los servicios públicos, el órgano llamado a dar la asistencia debe
tener plazos de entrega para que el servicio sea de calidad y en tiempo
oportuno. Es por lo anterior que, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha desarrollado una
herramienta que promete cambiar la cultura deficiente de los servicios
públicos, estamos hablando de la Carta Compromiso, considerada como un acuerdo
que la institución hace con sus usuarios para que toda persona sepa el tiempo
que se lleva un trámite, debiendo estar un letrero en la pared que establezca
estos datos para el público. Vale destacar que las instituciones que han ganado
el Premio Nacional a la Calidad, han tenido que implementar esta carta
compromiso.
Retomando el tema del acceso a la
información, es necesario señalar que
bajo esta ley los usuarios no pueden
recibir la negación de la información por dirigirse a la institución
equivocada, pues esta normativa exige que la institución recipiente canalice la
solicitud al órgano correspondiente, por lo cual la solicitud siempre llegará a
su destino final.
La cara de las instituciones ha
cambiado, puesto que a la entrada no solo está la persona de la recepción, sino
que en el mismo salón se encuentra el Área de Libre Acceso a la Información,
con una persona responsable del tema, teniendo que recibir las solicitudes.
No obstante, debo reconocer que
todos estos avances que he tratado en esta entrega, de nada sirven sino tenemos
una sociedad organizada y empoderada que se involucre en los procesos políticos
y sociales de la nación como una vía pacifica para lograr los cambios
necesarios que requieren los nuevos tiempos. Ya los países no son aldeas, el mundo se dirige a la integración y de esta misma manera bien podrían adoptarse
modelos exitosos de gobierno abierto a través de las mejores prácticas de
algunos países. Con relación a esto, los organismos internacionales están haciendo un trabajo formidable promoviendo estas ideas y ya los estudiosos de esta corriente han convertido el hashtag #GobiernoAbierto en una tendencia mundial.
Geovanny Vicente Romero
Abogado, Politólogo y Académico.
#GobiernoAbierto #ParticipacionCiudadana #LibreAccesoAlaInformacion
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