Reseña: El continente olvidado

por Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

El Continente Olvidado: La Batalla por el Alma de América Latina 

(Forgotten Continent: The Battle for Latin America)

Michael Reid

New Haven and London: Yale University Press, 2007, 384 pp.

América Latina ha sido ignorada por el mundo desarrollado durante la mayor parte de esta década. Por lo menos esa es una queja recurrente por parte de líderes y especialistas en la región. La atención de los países ricos se ha volcado al terrorismo en el Medio Oriente y a la pobreza de África, mientras que las necesidades y los conflictos urgentes en América Latina permanecen sin atención alguna.

Juzgando por el título de este libro, Michael Reid, editor de la sección de las Américas deThe Economist, parecería seguir la misma línea argumentativa. Sin embargo, él presenta una reseña optimista de la región y sus prospectos al futuro. Asevera que a pesar de ser “en gran medida ignorada por el mundo externo, la mayor parte del “continente olvidado’ se está moviendo hacia reformas democráticas, aún cuando eso está en juego en algunos lugares”.

Reid conoce bien la región. Por casi tres décadas ha estado en el campo del reportaje. Él posee la inusual característica de ser un local y un extranjero, habiendo entrevistado a muchos líderes latinoamericanos a lo largo de los años pero también habiendo pasado tiempo en lugares tales como las barriadas de Lima o las montañas del sur de México. Su trabajo se beneficia inmensamente de eso.

Reid argumenta que la democracia finalmente se está afianzando en la región. A pesar de los retrocesos debido al auge del populismo representado en países tales como Venezuela, Bolivia y Ecuador, parece que está emergiendo un consenso en América Latina que favorece políticas macroeconómicas responsables y gobiernos constitucionales representativos. En gran parte gracias a las reformas de mercado implementadas en los noventas—el muy condenado Consenso de Washington—la región ha disfrutado de varios años de un robusto crecimiento económico que, a diferencia de los episodios anteriores, parece ser sostenible y estar beneficiando a las masas. Este crecimiento ha tenido varias consecuencias, incluyendo la emergencia de una clase media socialmente ambiciosa y fundamentada en una economía privada pujante, en lugar de en el empleo público. El futuro de los países latinoamericanos como democracias liberales de mercado depende principalmente de la consolidación y fortalecimiento de esta clase media. 

No obstante, hay serios retos que todavía enfrenta la región. La pobreza afecta a 36 por ciento de la población. El desempleo y el crimen encabezan las encuestas como las principales preocupaciones de los latinoamericanos. Pero según Reid, la desigualdad es el más importante obstáculo para consolidar la democracia. Él indica algo importante: Latinoamérica es la región más desigual del mundo, y el populismo autocrático parece florecer en aquellos países en los que las masas se sienten excluidas de los beneficios del crecimiento económico. Este descontento luego explota en las urnas con la elección de personas como Hugo Chávez y Rafael Correa.

Desafortunadamente, Reid exagera las consecuencias negativas de la desigualdad y falla en reconocer adecuadamente algunas de las razones por las cuales esta persiste. Por ejemplo, menciona positivamente un “nuevo consenso” respecto a que la desigualdad extrema es en sí un obstáculo para el crecimiento económico. Reid no menciona el caso de Chile, que tiene tanto la distribución de ingreso más desigual de América Latina así como también la economía con mejor desempeño.

Reid admite que la falta de derechos de propiedad y los obstáculos para formar parte de la economía formal crean serios problemas que necesitan ser resueltos. Reid cree, sin embargo, que el camino hacia la “igualdad socio-económica” será construido mediante acciones decisivas por parte del Estado, tal como una reforma agraria efectiva, más y mejores servicios públicos—educación y salud—, y programas de transferencias de dinero condicionales similares a aquellos implementados en México y Brasil. Él reconoce que los sistemas de educación y salud públicos son fracasos totales sin sugerir ninguna sugerencia convincente. Reid inclusive llega a decir que la característica más decepcionante del populismo no son sus políticas empobrecedoras o su dependencia de medios autocráticos (aunque menciona estos) sino su fracaso en atacar seriamente la desigualdad.

La desigualdad es un problema hasta el tanto aquellos que están en el fondo de la pirámide son excluidos del sector formal de la economía y no tienen esperanza alguna de subir en el escalafón social. La mejor receta yace en empoderar a las personas reconociéndoles sus derechos de propiedad y eliminando regulaciones burocráticas que mantienen a entre 40 y 60 por ciento de los latinoamericanos trabajando en el sector informal, el cual es relativamente improductivo. Reid malentiende este fenómeno cuando sugiere que las principales causas de esta informalidad son la falta de creación de trabajos en el sector formal y una abundancia de trabajadores con poca preparación.

Mientras que el autor destruye los mitos populistas, él refuerza otros propagados por el establishment en Washington. Algunos de los mitos repetidos a través del libro: El sistema de convertibilidad de Argentina en los noventa hizo que las exportaciones fueran poco competitivas al atar el valor del peso con aquel del dólar (en realidad, durante la convertibilidad, las exportaciones del país aumentaron cada año con la excepción de uno); los gobiernos están mal posicionados para proveer los servicios básicos y la infraestructura a menos que recauden más dinero por concepto de impuestos (aunque él luego admite que el gasto público actual es altamente ineficiente); el sistema de pensiones privadas de Chile tiene serios problemas de cobertura que requerirán de un esquema complementario de pensiones estatales (de hecho, la cobertura en el sistema privado está creciendo y es más alta que aquella del anterior sistema público al que reemplazó).

También preocupa la terminología utilizada: Los “Chicago Boys” de Chile son denominados tanto como “liberales” así como “neoconservadores”. El dictador cubano Fulgencio Batista formó un gobierno de “inspiración socialista y liberal radical”. A los estudiantes universitarios se les hará difícil discernir el verdadero significado de estos términos.

A pesar de estas falencias, El Continente Olvidado (Forgotten Continent) provee un rechazo contundente al populismo y un fuerte llamado a que se den economías abiertas y democracias liberales. Pocos libros sobre América Latina presentan este argumento, haciendo así más valioso el esfuerzo de Reid para el debate actual. Sí, la región ha estado en gran medida fuera del radar del mundo desarrollado. Pero si ese es el precio de lograr la normalidad, al “continente olvidado” no le importará ser olvidado.

Esta reseña fue publicada originalmente en el Cato Journal, Volumen 28, otoño de 2008.

El FMI y los tratados comerciales

por Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

De la noche a la mañana, el Fondo Monetario Internacional se ha convertido en la fuente de inspiración de quienes se oponen a la firma de acuerdos de libre comercio, como los que Estados Unidos negocia con varios países latinoamericanos. Esto debido a las advertencias lanzadas por el Fondo, en su boletín de noviembre pasado, donde señala que los tratados comerciales podrían dañar a las economías pequeñas. El FMI tiene razón en algunos de sus señalamientos, pero en otros no.

Por una parte, el Fondo enfatiza la incapacidad de los acuerdos comerciales de garantizar una “justa” distribución de la riqueza, sin definir qué es justo y qué no lo es. Afirma que los países exportan más, pero los pobres ven poco o nada de la riqueza generada. No obstante, el FMI parece ignorar que existe un sinnúmero de políticas públicas que influyen más en los niveles de distribución del ingreso de un país que un tratado de libre comercio, como lo son la falta de propiedad privada entre amplios sectores de la población, altos niveles de inflación, regulaciones excesivas que fomentan la informalidad y la corrupción, altas tasas impositivas, entre otras trabas muy características de los países latinoamericanos.

Un país que arrastre estas deficiencias continuará excluyendo a un alto porcentaje de la población de los beneficios de la apertura comercial, sin importar la cantidad de acuerdos que se firme.

Otro de los perjuicios señalados por el FMI es la pérdida de ingresos fiscales producto de la reducción en los aranceles. El Fondo da a entender que el dinero que no entra a las arcas gubernamentales es plata perdida en la economía, cuando la realidad es que dicho dinero queda en los bolsillos de los consumidores, quienes tendrán una mayor capacidad de compra para satisfacer otras necesidades. Además, los acuerdos comerciales dinamizan las economías a través de mayores transacciones comerciales e incentivando la inversión directa. Una economía más dinámica significa mayores ingresos para el fisco.

El FMI tiene razón en otro de sus señalamientos: en lugar de tratados de libre comercio lo que se materializan son acuerdos preferenciales de comercio, que excluyen a otros países del libre intercambio y desincentivan una mayor liberalización del comercio mundial. Una crítica similar la ha hecho el renombrado economista librecambista Jagdish Bhagwati de la Universidad de Columbia y lejos de ser un ataque al libre comercio, es un llamado a complementar los acuerdos bilaterales con un proceso de apertura unilateral.

El “Indice de Libertad Económica” elaborado por el Fraser Institute de Canadá es contundente en que los habitantes de los 10 países más abiertos al comercio internacional ganan en promedio siete veces más que las personas que viven en los 10 países más proteccionistas del mundo. Entre los países más libres comercialmente se encuentran naciones pequeñas que hasta hace poco eran pobres, como Irlanda, Malasia y Singapur.

Dada la volatilidad de las voluntades políticas en los países latinoamericanos, los acuerdos comerciales garantizan que la apertura obtenida no será revertida por un gobierno posterior, como sucedió en Panamá donde el proceso de apertura unilateral iniciado en la administración Pérez Balladares fue luego revertido por la presidenta Mireya Moscoso.

La evidencia es clara en cuanto a los grandes beneficios que brinda la apertura comercial a los países en desarrollo. La firma de acuerdos comerciales ofrece garantías con las que no cuenta la apertura unilateral. Sin embargo, esos mecanismos de liberalización comercial no son excluyentes sino que más bien se complementan para garantizar el mayor bienestar posible a la ciudadanía.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE) 

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La teoría libertaria de derechos

por Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

Con el fin de establecer el papel que el Estado debe jugar en la sociedad, resulta fundamental que antes se defina qué tipo de derechos tienen las personas. El debate al respecto se ha complicado en las últimas décadas con la introducción de "derechos" positivos, colectivos y de grupos específicos como mujeres y niños. ¿Cuál es la teoría de derechos en la que creemos los libertarios y que nos lleva a luchar por un Estado que se limite a la protección de tales derechos?

Tal y como lo escribiera Murray Rothbard en Por una Nueva Libertad: El Manifiesto Libertario, los libertarios definimos la libertad como "la condición en la cual los derechos de propiedad de una persona sobre su cuerpo y propiedad material legítima no son transgredidos". Como vemos, ésta es una definición negativa de la libertad (no se necesita "hacer algo" para ser libre), excluyendo por lo tanto las demás variantes "positivas" que se han planteado a lo largo de los últimos años. Bajo esta definición, mi imposibilidad de volar no va en detrimento de mi libertad, ya que nadie está atentando contra ningún derecho de propiedad mío. Tampoco va contra mi libertad el no poder matar a alguien más, ya que más bien en este caso yo sería el agente agresor de los derechos de esa otra persona. Tampoco atenta contra la libertad de mi hijo si yo no le facilito un arma cargada, porque mi hijo no tiene derechos de propiedad sobre la misma.

Derechos de propiedad y libertad van de la mano. Pero, ¿de dónde vienen los derechos de propiedad? ¿Son naturales o construcciones sociales? Yo me inclino a decir que los derechos son naturales. Son naturales porque el derecho de propiedad sobre uno mismo es "evidente por sí mismo" como dijera Thomas Jefferson. La propiedad sobre uno mismo es el fundamento de la teoría de derechos lockeana. Si uno no fuera dueño de su cuerpo, sólo habría otras dos opciones:

1.- Alguien (un rey o raza superior) puede(n) ser el o los dueños de los demás.

2.- Todos son dueños de todos.

Ninguna de las anteriores es lógica y las dos van en contraposición con la naturaleza humana. Es a partir de la propiedad que el individuo tiene sobre su cuerpo que "Podemos también afirmar que el esfuerzo de su cuerpo y la obra de sus manos son también auténticamente suyos... Siendo, pues, el trabajo o esfuerzo propiedad indiscutible del trabajador, nadie puede tener derecho a lo que resulta después de esa agregación..." [John Locke, El Segundo Tratado sobre el Gobierno]. Es decir, de nuestro derecho de propiedad sobre nosotros mismos se deriva el derecho de propiedad sobre las demás cosas.

Sin embargo, no únicamente de nuestra labor es que logramos tener derechos de propiedad sobre las cosas. Robert Nozick en su Anarquía, Estado y Utopía estableció "La Teoría de Justicia de Derechos". En dicha teoría, Nozick señala las dos maneras en que uno puede poseer algo justamente: 1.- La adquisición original de las posesiones (o sea, cosas que no eran poseídas antes), 2.- la transferencia de las posesiones (donde entra en juego la legitimidad del intercambio voluntario).

Por lo tanto, si tenemos posesiones que hemos obtenido a través de tales maneras, contamos con un reclamo justo sobre las mismas, es decir un derecho de propiedad. De ahí que, como escribiera Nozick, "los individuos tienen derechos, y hay cosas que ninguna persona o grupo pueden hacerles (sin violar esos derechos)".

La libertad entonces se limita a los derechos de propiedad que uno tiene sobre su cuerpo y sobre los bienes adquiridos bajo los principios de adquisición original o intercambio voluntario. Por lo tanto, bajo la teoría de derechos libertaria una violación a la libertad debe necesariamente comprender la iniciación o la amenaza de iniciar el uso de la fuerza contra mi persona, mi vida o mis posesiones, es decir, mis derechos de propiedad.

Finalmente, quizás uno de los aspectos más importantes de la teoría de derechos libertaria es que los derechos individuales no pueden entrar en conflicto los unos con los otros. Immanuel Kant señaló en este sentido que "Cada acción, la cual por sí misma o por su máxima permite la libertad de coexistir de cada voluntad individual con la libertad de todos los demás de acuerdo con la ley universal es un derecho". Es decir, tengo un derecho a las acciones que son compatibles con la misma libertad de todos los demás. Mi derecho de propiedad no puede estar en conflicto con su libertad de vivir. Una teoría de derechos que permita dichos choques de derechos lleva al caos y a la arbitrariedad, ya que se necesitaría siempre de alguien que defina quién tiene derecho a qué.

Es por tanto que un Estado cuyas funciones sean legítimas debe limitarse a la protección de los derechos de propiedad de las personas y a la resolución de los conflictos que surgirán cuando alguien le viole tales derechos a otro o cuando los términos de las transferencias de posesiones requieran del arbitraje de un tercero. Cualquier otra función que el Estado lleve a cabo es incompatible con los derechos individuales y por lo tanto pervierte la finalidad con la que éste fue creado.

http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-2003-07-08.html

México y Chile: Víctimas del garrote estadounidense

por Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

La guerra en Irak cobró dos víctimas inesperadas: la firma expedita del ya negociado tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Chile, y las posibilidades de que en el corto plazo se realizara una reforma migratoria que le permitiera a los trabajadores mexicanos poder obtener permisos temporales para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Al parecer la administración Bush les está cobrando a los presidentes Ricardo Lagos y Vicente Fox su oposición a la guerra en Irak, y no haber facilitado los votos para que Estados Unidos obtuviera una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que autorizara explícitamente el uso de la fuerza contra el régimen de Saddam Hussein. De ser así, Washington sigue hundiéndose en las aguas de la impopularidad mundial.

El disgusto de Bush hacia estos dos países latinoamericanos es obvio. Hace un año el presidente estadounidense celebró en la Casa Blanca el 5 de Mayo—festividad mexicana en Estados Unidos—entre piñatas y la presencia de mariachis. Si bien las posibilidades de reformar las leyes migratorias de Estados Unidos habían recibido un fuerte golpe luego de los atentados terroristas del 11 de Septiembre, existía la voluntad para retomar dicho tema en el futuro cercano.

Este año no hubo celebración del 5 de Mayo en la residencia del mandatario estadounidense. En cambio, Bush dedicó su mensaje de radio semanal para alabar a los mexicanos que sirven en las fuerzas armadas de Estados Unidos. No hubo mención alguna de Fox o del pueblo mexicano. Cuando se le preguntó sobre las relaciones con el vecino del Sur, Bush respondió fríamente: "México es nuestro amigo. Punto."

Mientras este impasse toma lugar, las tragedias en la frontera continúan presentándose. El más reciente fue la muerte en Texas de 18 inmigrantes en el contenedor de un camión que se cree pudo haber contenido hasta 140 personas sin acceso a agua y a altas temperaturas. El tráfico ilegal de personas es una consecuencia directa de la ausencia de mecanismos legales para que esta gente pueda venir a Estados Unidos a trabajar temporalmente.

El caso de Chile es similar. La finalización del período de negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos fue anunciada con bombos y platillos en Diciembre del año pasado. Dicho TLC fue negociado paralelamente con el acuerdo que Estados Unidos también alcanzó con Singapur. Meses después, y luego de que se presentara el diferendo sobre la resolución en el Consejo de Seguridad, los chilenos aún esperan que el TLC sea firmado por ambas partes. En contraste, el tratado con Singapur—miembro de la "coalición"—fue rubricado el pasado 6 de Mayo.

Tales infantilismos diplomáticos por parte de la administración Bush hacen poco por reparar la imagen de Estados Unidos luego de la invasión de Irak. Al final de cuentas la guerra fue sumamente impopular tanto en Chile como en México. Resulta por lo tanto contradictorio que Washington quiera ahora castigar a Santiago y a Ciudad de México por reflejar las opiniones de sus pueblos. Estados Unidos no puede promover valores democráticos en el mundo y por otro lado rechazar los resultados que generan dichos procesos cuando no le convienen.

Tampoco es muy prudente por parte del gobierno norteamericano mezclar asuntos políticos con comerciales. Las perspectivas para un Área de Libre Comercio de las Américas son ya de por sí bastante grises como para que Estados Unidos empiece a utilizar la negociación de acuerdos comerciales como arma diplomática para ganar el favor de los países de la región en foros como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

Latinoamérica queda entonces avisada que Estados Unidos no dudará en hacer uso del garrote diplomático y comercial cuando alguno de los países del área se atreva a desafiar la política exterior de Washington. De esta forma, la administración Bush le hace un flaco favor al libre comercio y a la integración hemisférica que tanto dice defender.

http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-2003-05-22.html

Diez razones para legalizar las drogas

por Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

La prohibición de las drogas ha tenido consecuencias desastrosas muy similares a la que sufrió el alcohol en los años veinte en Estados Unidos. Sin embargo, en vez de reconocer el fracaso de dicha política, la mayoría de los gobiernos alrededor del mundo se han empeñado en gastar más recursos y atentar más contra las libertades de sus ciudadanos en un esfuerzo inútil por detener el comercio ilegal de narcóticos. Legalizar las drogas eliminaría o mitigaría significativamente las terribles consecuencias que enfrentamos bajo el actual enfoque prohibicionista:

1. La legalización pondría fin a la parte exageradamente lucrativa del negocio del narcotráfico, al traer a la superficie el mercado negro existente. Y con la desaparición de la clandestinidad del narcotráfico disminuye dramáticamente la problemática social ligada a dicha actividad. La actual prohibición de las drogas no detiene al mercado, simplemente lo ha sumergido bajo el manto de la ilegalidad, y cuando un negocio es un crimen, los criminales tomarán parte de éste. Según las Naciones Unidas, el tráfico de drogas genera $400.000 millones anuales, lo cual representa un 8% del comercio mundial, comparable con la industria de textiles. Dicho botín representa una tentación irresistible para los criminales del mundo.
2. La legalización reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los altísimos costos de producción e intermediación que implica la prohibición. Esto significa que mucha gente que posee adicción a estas sustancias no tendrá que robar o prostituirse con el fin de costear el actual precio inflado de dichas substancias.
3. Legalizar las drogas haría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal. Bajo la prohibición, no existen controles de calidad ni venta de dosis estandarizadas. Esto ha conducido a niveles de mortalidad altos a causa de sobredosis o envenenamiento por el consumo de drogas. De hecho, según un estudio del Cato Institute realizado por James Ostrowski, el 80% de las muertes relacionadas con drogas se deben a la falta de acceso a dosis estandarizadas.
4. El narcotráfico ha extendido sus tentáculos en la vida política de los países. Importantes figuras políticas a lo largo de Latinoamérica han sido ligadas con personalidades y dineros relacionados con el tráfico de drogas. Tal vez aquí yace la razón por la cual la guerra contra las drogas se intensifica año con año. Los grandes narcotraficantes son los que más se benefician con la actual prohibición, y los operativos anti-drogas que se practican en Latinoamérica sirven para eliminarles la competencia que enfrentan por parte de los pequeños y medianos distribuidores. La legalización acabaría con esta nefasta alianza del narcotráfico y el poder político.
5. Legalizar las drogas acabaría con un foco importante de corrupción, la cual aumenta en todos los niveles del gobierno debido a que una substancial cantidad de policías, oficiales de aduana, jueces y toda clase de autoridades han sido comprados, sobornados o extorsionados por narcotraficantes, creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia el sector público en general.
6. Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares en el combate de las drogas, recursos que serían destinados a combatir a los verdaderos criminales: los que le violan los derechos a los demás (asesinos, estafadores, violadores, ladrones, grupos terroristas). Además, con la legalización se descongestionaría las cárceles, las cuales hoy en día se ven inundadas por gente cuyo único crimen fue el consumo de substancias que están prohibidas por la ley. Todos estos esfuerzos por combatir el tráfico de drogas han sido inútiles. Por ejemplo, las mismas autoridades reconocen que a pesar de todo el dinero gastado, los esfuerzos actuales solo interceptan el 13% de los embarques de heroína y un máximo del 28% de los de cocaína. De acuerdo con las Naciones Unidas, las ganancias de las drogas ilegales están tan infladas que tres cuartos de todos los embarques deberían ser interceptados con el fin de reducir de manera significativa lo lucrativo del negocio.
7. Con la legalización se acaba el pretexto del Estado de socavar nuestras libertades con el fin de llevar a cabo esta guerra contra las drogas. Intervenciones telefónicas, allanamientos, registro de expedientes, censura y control de armas son actos que atentan contra nuestra libertad y autonomía como individuos. Si hoy en día las drogas son accesibles incluso en las áreas de máxima seguridad de las prisiones, ni siquiera convirtiendo a nuestros países en cárceles vamos a lograr mantener a las drogas fuera del alcance de aquellos que quieran consumirlas. Legalizando estas substancias evitaremos que los gobiernos conviertan a nuestros países en prisiones de facto.
8. Legalizar las drogas desactivará la bomba de tiempo en la que se ha convertido Latinoamérica, especialmente países como Ecuador, Bolivia y Colombia. En este último, las guerrillas financiadas por el narcotráfico manejan miles de millones de dólares en equipos militares de primera línea, y amenazan con extender su lucha a países como Panamá, Brasil y Venezuela. Hace un par de años se descubrió la fabricación de un submarino en Colombia para el transporte de armamentos y drogas, lo que demuestra el poderío de estos grupos guerrilleros. Todo esto ha llevado a una intervención creciente por parte de Estados Unidos, quienes desde hace un par de años han venido fortaleciendo su presencia militar en la región de una manera nunca vista desde el fin de la Guerra Fría.
9. En una sociedad en donde las drogas son legales, el número de víctimas inocentes producto del consumo y la venta de estupefacientes se vería reducido substancialmente. La actual política afecta directamente tanto a los consumidores de narcóticos como a terceros. Es así como gran cantidad de personas que nunca han consumido estas sustancias o que no están relacionadas con la actividad se ven perjudicadas o incluso pierden la vida debido a las "externalidades" de la guerra contra las drogas: violencia urbana, abusos policiales, confiscación de propiedades, allanamientos equivocados, entre muchos otros.
10. La legalización conducirá a que la sociedad aprenda a convivir con las drogas, tal y como lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. El proceso de aprendizaje social es sumamente valioso para poder disminuir e internalizar los efectos negativos que se derivan del consumo y abuso de ciertas sustancias. Sin embargo, políticas como las de la prohibición, al convertir a los consumidores en criminales, desincentivan la aparición de comportamientos y actitudes sociales necesarios para poder lidiar con los problemas de la adicción y el consumo tempranero de dichas sustancias.

Luego de muchos años de malas experiencias con la política actual, y tras un análisis detallado de las consecuencias no deseadas de prohibir el consumo y la venta de substancias que la gente quiere, es necesario que lleguemos a la conclusión de que las drogas deben ser legalizadas si no queremos seguir el camino autodestructivo al que nos está conduciendo la prohibición moderna.

http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-2003-04-02.html

24 de febrero de 2012

El caso a favor de la legalización de las drogas

por Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

Otto Pérez Molina, de Guatemala, se ha convertido en el primer presidente en ejercicio en proponer la legalización de las drogas como mecanismo para combatir elnarcotráfico. De tal forma, ha abierto el debate sobre un tema que ha sido ampliamente discutido en círculos académicos, pero rara vez se menciona a nivel político. Su propuesta merece el apoyo de los demás presidentes latinoamericanos.

No queda duda de que la prohibición de las drogas ha sido un fracaso. En EE. UU., el porcentaje de la población mayor de 12 años que consume estupefacientes ha aumentado de 5,8% en 1991-93 a 8,9% en el 2008 (equivalente a 21,8 millones de individuos). Según la última Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas 2011 del Departamento de Justicia, “el abuso de varias de las principales drogas ilícitas, incluyendo la heroína, la marihuana y la metanfetamina, parece estar aumentando, especialmente entre los jóvenes”. No hay duda de que la prohibición no ha detenido el consumo de sustancias ilícitas en el principal mercado mundial.

Efectos nefastos de la prohibición. Y en el tanto haya demanda por drogas en EE. UU., habrá oferta. La pregunta es si dicho negocio debería estar en manos de empresarios legales —como con el alcohol y el tabaco— o en las manos de criminales violentos. La prohibición ha optado por el segundo escenario, con las consecuencias por todos conocidas: en México la guerra contra las drogas ha costado la vida de más de 50.000 personas en los últimos 5 años. En Centroamérica, el narcotráfico es responsable por alrededor del 60% del crimen y ha colocado a países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice entre los más violentos del mundo. En Sudamérica, los recursos del narcotráfico han servido para financiar a grupos terroristas como las FARC en Colombia o el Sendero Luminoso en Perú. Es claro que en América Latina la guerra contra las drogas impone un enorme costo en términos de vidas, dinero y deterioro de las instituciones.

La prohibición de las drogas ha hecho del narcotráfico un negocio extremadamente lucrativo. Esto se debe a que el precio de una sustancia ilegal se determina más por el costo de la distribución que por el costo de la producción. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, el precio de la hoja de coca en el campo y lo que paga un consumidor en las calles estadounidenses por el polvo blanco aumenta en más de 100 veces. Dependiendo de la droga, el 90% o más del precio minorista del estupefaciente corresponde a la prima generada por la prohibición. Por esta razón, los márgenes de ganancia de los carteles de la droga son enormes. Según cifras de las Naciones Unidas, el comercio mundial de estupefacientes alcanza los $320.000 millones al año.

A pesar del claro fracaso de la prohibición, muchos malentendidos abundan sobre la legalización de las drogas. Por lo tanto, es importante enmarcar el debate dejando claro lo siguiente:

• Primero: La legalización no implica aprobar o incentivar el consumo de drogas. El consumo de estupefacientes es una realidad histórica de la humanidad con la que debemos aprender a convivir.
• Segundo: Hay una diferencia muy importante entre consumo de drogas y el abuso de ellas, tal y como existe una enorme diferencia entre consumo de alcohol y alcoholismo. No todo consumo de drogas se convierte en drogadicción.
• Tercero: También existe una diferencia crítica entre las consecuencias negativas de la drogadicción —como la desintegración familiar, problemas de salud, pérdida de productividad, etc.— y las consecuencias negativas de la prohibición de las drogas, tales como el crimen, la violencia, la corrupción y altos niveles de mortalidad por consumo. Mucha gente, al argumentar contra la legalización, trae a colación imágenes de violencia y crimen, cuando en realidad estos son flagelos causados por la prohibición y más bien disminuirían significativamente una vez que el mercado negro de las drogas desaparezca con la legalización.
• Finalmente, es importante aclarar que la legalización no pretende resolver el problema de la drogadicción ni los males sociales asociados a este fenómeno, los cuales es mejor abordar desde un enfoque de salud pública y no criminal. Lo que la legalización pretende es eliminar los efectos negativos de la prohibición antes señalados.

Temores infundados. El principal argumento contra la legalización radica en el temor de que haya un aumento significativo en el consumo de drogas. Para eso es importante repasar la experiencia de Portugal, que en el 2001 se convirtió en el primer país en despenalizar oficialmente el consumo de todas las drogas, incluyendo la cocaína y la heroína. Un estudio de Glenn Greenwald publicado por el Cato Institute encontró que “la despenalización no había tenido efectos adversos en las tasas de consumo de drogas en Portugal”, las cuales “en muchas ocasiones se encuentran ahora entre las más bajas de la Unión Europea”.

Cabe señalar que, si bien el consumo no aumentó como muchos temían, el número de adictos registrados en clínicas de rehabilitación se triplicó entre 1999 y el 2008. Es decir, la despenalización permitió enfrentar de mejor manera el flagelo de la drogadicción al remover el estigma criminal de los adictos y tratarlos como pacientes.

La experiencia de Portugal es valiosa. Sin embargo, la despenalización del consumo, a pesar de ser un paso en la dirección correcta, no elimina el mercado negro del narcotráfico. Cabe señalar que el fallido experimento de la prohibición del alcohol en EE.UU. de 1920 a 1933 fue de hecho un régimen de despenalización: el consumo de licor era permitido, pero no su producción y comercialización.

Al legalizar las drogas, como propone el presidente guatemalteco, los gobiernos obtienen más control sobre el mercado de estupefacientes al poder regular y gravar la producción y venta de los narcóticos, como actualmente ocurre con el tabaco y el alcohol. El dinero derivado de los impuestos sobre las drogas les permitiría a los gobiernos brindarles tratamiento a los adictos. Sin embargo, la mayor ventaja de la legalización es que ahuyentaría en gran medida a los elementos criminales del negocio de las drogas, disminuyendo, si no eliminando del todo, la violencia, el crimen y la corrupción asociados con el narcotráfico.

Ningún proponente de la legalización ha dicho que esta sea una panacea. Sin embargo, sí es substancialmente mejor que el fracaso patente de la prohibición. La legalización no es una solución al “problema de las drogas” ya que la drogadicción continuará siendo un flagelo. Pero así como la prohibición del alcohol resultó ser un enfoque equivocado al problema del alcoholismo, de igual forma la guerra contra las drogas ha sido un enfoque errado al problema del abuso de las drogas.

Otto Pérez Molina ha puesto el dedo sobre la llaga con su propuesta de legalización.

Ya era hora que un presidente latinoamericano alzara la voz ante una guerra contra las drogas cuyos costos caen desproporcionadamente en la región.

La hora, pues, del debate ha llegado.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 22 de febrero de 2012.

http://www.elcato.org/el-caso-favor-de-la-legalizacion-de-las-drogas